El Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo

Se define como la principal garantía institucional que recoge la Constitución Española. Tiene su origen en el Ombudsman sueco y se ha difundido a lo largo del mundo. Se reconoce en el artículo 54 de la Constitución Española y se le conceptúa como Alto Comisionado de las Cortes Generales, que resulta designado por éstas para hacer efectiva la defensa de los derechos de los ciudadanos recogidos en el Título I la Constitución Española. El punto de referencia es la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (LODP).

Su nombramiento se realiza por mayoría de 3/5 de ambas cámaras y su mandato es por 5 años, con posibilidad de ser reelegido. Los requisitos son ser español, mayor de edad y disfrutar de los derechos civiles y políticos. Está sometido a un severo régimen de incompatibilidades. Tiene estatus de independencia y autonomía y goza de inviolabilidad por sus opiniones o actos realizados en ejercicio de su cargo, y de inmunidad, pues no puede ser detenido salvo flagrante delito, siendo la Sala de lo Penal de TS la que dirima su responsabilidad penal. El cese y sustitución será por renuncia, expiración del plazo de nombramiento, muerte o incapacidad sobrevenida, actuar con notoria negligencia y haber sido condena por medio de sentencia firme por delito doloso. En los tres primeros casos la vacante se declara por el Presidente del Congreso.

En los demás se decide por mayoría de 3/5 de ambas cámaras, mediante debate y anuencia previa del interesado.

Se organiza con dos adjuntos que él mismo designa (con conformidad de las Cámaras), en los que delega y le sustituyen.

Su ámbito de competencia se extiende a toda Autoridad que actué al servicio de cualquier Administración pública. Puede actuar de oficio o a instancia de parte. Las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo, no pueden ser anónimas. Su función principal es la recepción de quejas y la presentación de informes anuales que se dirigirán al Parlamento y en última instancia a la Opinión Pública.

Tiene facultades inspectoras y de investigación que se ven favorecidas con la obligación legal de colaboración urgente y preferente que pesa sobre todo poder público. Esto se acompaña con la facultad de personarse en un centro de la administración pública y poder comprobar datos, expedientes, no pudiéndosele negar el acceso a dichos documentos. Como no es una institución ejecutiva sus investigaciones no tienen una operatividad inmediata, es decir, denuncia situaciones irregulares, lesivas de los derechos, pero no puede resolverlas por sí mismo. La efectividad de su labor se basa en su autoridad, capacidad de persuasión y el coste político que tiene el verse denunciado públicamente por el Defensor del Pueblo.

Su facultad más importante es poder interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para que éste controle una norma sobre la que recae una sospecha de ser contraria a la Constitución Española. A la hora de hacer efectiva ala interposición de este recurso tendrá muy en cuenta las quejas ciudadanas recibidas por la aplicación de esta ley.

También puede interponer recurso de amparo por violaciones de los derechos fundamentales que llevan a cabo los poderes públicos.

El Defensor del Pueblo ha de informar a quien haya promovido la queja de los resultados de su investigación, así como al funcionario sobre el que se haya investigado. Debe informas anualmente al Parlamento de su tarea, lo que realiza personalmente. Estos informes anuales son publicados y esta publicidad es su mayor arma de difusión de las irregularidades de las Administraciones Públicas. El Defensor del Pueblo se dirigirá a las Cámaras a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. Existe una Comisión mixta (Congreso y Senado) encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo.

Junto al DP que posee competencia de ámbito nacional, existen en varias Comunidades Autonomas los defensores del pueblo autonómicos (procurador común en Castilla y León), que realizan la misma labor pero restringida al ámbito de su Comunidad Autónoma, entre estos y el Defensor del Pueblo rigen los principios de cooperación y coordinación.

El Recurso de Amparo

El Recurso de Amparo

Es una garantía extraordinaria de protección de los Derechos fundamentales de los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional, sólo puede ser utilizada para solicitar la defensa de los Derechos fundamentales. Es unidireccional, es decir, sólo puede solicitarse para solicitar la defensa de los derechos. Es el último remedio a nivel interno. Los requisitos son:

· Agotar todos los instrumentos de defensa de la justicia ordinaria.

· Tener legitimación. Es haber sido parte en el proceso judicial. Excepción, cuando la vía judicial no existe.

· Se ha de haber invocado previamente ante los órganos judiciales ordinarios el derecho fundamental lesionado.

No todos los derechos declarados en el Título I de la CE pueden ser recurridos de amparo, el artículo 53.2 CE los restringe a los Derechos y libertades de la Sección Primera del Capítulo II del Título I (15 a 29) y al derecho de objeción de conciencia del artículo 30.2 CE.

Las lesiones de los Derechos han de tener su origen en disposiciones (no legislativas), actos jurídicos, omisiones o simple vía de hechos de la Administración. Los actos de los particulares que lesionen los derechos protegidos en amparo corresponde a los tribunales ordinarios, si dicho tribunal no repara el daño causado, entonces se puede recurrir en amparo la decisión judicial. El TC se ha servido de la construcción alemana del recurso de amparo indirecto, para este caso.

La legitimación activa para interponer recurso de amparo, la tiene cualquier persona natural o jurídica que invoque interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Es dos últimos requieren el consentimiento del interesado para actuar.

El plazo para interponer recurso varía en función de la naturaleza del acto u omisión que lesiona los Derechos.

El conocimiento de los recursos corresponde a las Salas y en su caso a las Secciones. Se inicia mediante demanda en que se expone con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citará los preceptos constitucionales que se consideran infringidos y se fija con precisión el amparo solicitado para preservar o restablecer el derecho o libertad. El procedimiento del recurso comienza con la admisión a trámite por parte de las Secciones (3 magistrados). Si existe acuerdo unánime se acuerda inadmisión mediante providencia. Contra esta decisión no cabe recurso alguno, salvo que lo interponga el Ministerio Fiscal. Si la Sección decide confirmar la inadmisión la resolución toma forma de auto y no cabe recurso alguno. Las causas de inadmisión son:

· Ausencia manifiesta e insalvable de los requisitos legales y la falta de jurisdicción.

· Que el derecho invocado no sea objeto del recurso de amparo.

· Que la demanda carezca manifiestamente de contenido constitucional.

· Previamente se haya desestimado en el fondo una cuestión igual a la formulada.

Es posible que una vez admitida la demanda, se ponga de manifiesto la concurrencia de un motivo de inadmisión. El Tribunal Constitucional abrirá un trámite de alegaciones para que las partes manifiesten lo que consideren oportuno. La decisión de inadmisión tendrá en este caso forma de sentencia.

Admitida a trámite la demanda se produce la fase de comparecencias tanto del Ministerio Fiscal (comparecencia necesaria) como de quien hubiera sido parte en la vía judicial previa (no necesaria) y de quien se viera favorecido por la demanda. Finalmente la Sala del Tribunal Constitucional dicta sentencia, que puede ser de desestimación o de estimación total o parcial. La Sala puede pasar la resolución del conflicto a una Sección cuando para su resolución haya que aplicar doctrina del Tribunal Constitucional.

Las sentencias del Tribunal Constitucional sólo tienen efectos para aquellas personas que han intervenido en el recurso.

Autocuestión de inconstitucionalidad.

Autocuestión de inconstitucionalidad.

Es una cuestión de inconstitucionalidad que se plantea el propio Tribunal Constitucional ante sí mismo. Se utiliza en los casos en que el TC está conociendo de un recurso de amparo constitucional y observe que la vulneración del derecho fundamental tiene su origen en una ley o precepto legislativo. La Sala del TC o bien la Sección después de resolver el recurso de amparo de manera favorable al recurrente, eleva la posible inconstitucionalidad de la norma al Pleno para que éste determine. El procedimiento a seguir es el mismo que para as cuestiones de inconstitucionalidad.

Existe otra autocuestión de inconstitucionalidad para defender el ámbito de la autonomía local, que debe ser dirimida y tramitada como una cuestión de inconstitucionalidad.

Cuestión de Inconstitucionalidad

Cuestión de Inconstitucionalidad

La cuestión de inconstitucionalidad es otro instrumento utilizado para controlar la constitucionalidad de las leyes o normas con rango de ley. Es un recurso indirecto, se plantea ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de una ley, cuando se pretende aplicar la misma en un proceso judicial.

Requiere la existencia de un juicio previo ante un juez o un Tribunal.

El Juez en el transcurso de un juicio, se plantea la duda acerca de si una norma con rango de ley, que tiene que aplicar para resolver un caso, es constitucional o no, trasladando su duda al TC para que este despeje.

La imposibilidad del juez ordinario para inaplicar una ley o norma con rango de ley de la que presuma su inconstitucionalidad sólo rige para aquellas dictadas con posterioridad a la Constitución Española, pues una anterior puede inaplicarla si considera que es inconstitucional, pues se considera que esta derogada, no porque contradiga a una norma superior.

El órgano legitimado para interponer cuestión de inconstitucionalidad es el órgano judicial ordinario que conozca del proceso, bien de oficio o a instancia de parte. Si el órgano judicial se niega a interponer la cuestión de inconstitucionalidad, no es posible recurso, aunque si se puede volver a solicitarlo en posteriores instancias judiciales.

Los requisitos son:

  • Exista proceso judicial
  • La duda ha de ser aplicable al caso y relevante para el fallo.
  • El juez sólo podrá plantearla cuando haya de dictar resolución.

Procedimiento.

Se plantea por el órgano judicial mediante auto y una vez oídos las partes personadas y el Ministerio Fiscal. El TC revisa que se hayan cumplido los requisitos exigidos.

Finaliza con una decisión, que adopta la forma de providencia, por la que se admite a trámite o no la cuestión. La inadmisión puede estar fundada en: irrelevancia para el fallo, ausencia de requisitos formales o que la cuestión sea notoriamente infundada.

La inadmisión a trámite se realiza mediante auto y oído el Fiscal General del Estado. Si se admite, quienes sean parte en el proceso pueden personarse en el TC dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la admisión en el BOE para formular alegaciones en el plazo de otros 15 días. Finalmente, oídas las partes, el TC dicta sentencia, siendo esta notificada también al tribunal o juez, para que resuelva el proceso judicial y a los mismos que el recurso de inconstitucionalidad.

Recurso de inconstitucionalidad.

Recurso de inconstitucionalidad

Es un instrumento del que se sirve el Tribunal Constitucional para controlar la constitucionalidad de las leyes o normas con rango de ley. A través del mismo, el Tribunal Constitucional fiscalizaría que las leyes o normas con rango de ley que desarrollen la Constitución Española y los derechos fundamentales se adecuen a los postulados constitucionales. El objeto del recurso lo constituyen:

  • Estatutos de Autonomía.
  • Leyes Orgánicas y ordinarias.
  • Decretos leyes y Decretos legislativos.
  • Tratados internacionales.
  • Reglamentos de las Cámaras.
  • Normas equivalentes dictadas por la CCAA.

Es un recurso abstracto, pues el TC sólo enjuicia las normas, no los hechos planteados por los legitimados ante el TC:

  • Presidente del Gobierno.
  • Defensor del Pueblo.
  • 50 diputados ó 50 senadores.
  • Órganos colegiados de las CCAA y sus asambleas legislativas.

El plazo de impugnación es de 3 meses desde la publicación de la norma impugnada en el BOE o en el diario oficial de la CCAA. Cuando la norma puede ser publicada en dos lugares (reglamentos Cámaras o Leyes Autonómicas), se entiende como fecha de referencia para el reglamento el de su inserción en el diario de la cámara y para la ley Autonómica de su publicación en el boletín de la CCAA. Existe una excepción, en los recursos promovidos por el Estado u órganos ejecutivos de las CCAA hacia leyes de contenido competencial. El plazo es de 9 meses si se cumple:

  • Que se reúna una Comisión Bilateral entre el Estado y la CCAA.
  • Que esta Comisión haya adoptado un acuerdo de negociación, pudiendo instar la modificación del texto normativo.
  • Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del TC dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la ley y se inserte en el BOE y en el diario de la CCAA.

El procedimiento comienza con el escrito del legitimado o de su comisionado, donde se concreta la disposición impugnada y los motivos de la inconstitucionalidad. El TC, admitido a trámite da traslado del recurso al Congreso, al Senado, al Gobierno y si es una norma autonómica a los órganos ejecutivo y legislativo de la CCAA. Estos pueden personarse y formular alegaciones.

Con fundamento en el escrito de recurso y las alegaciones el TC dicta sentencia.

Los efectos de la sentencia son:

  • Punto de vista temporal. Despliega sus efectos a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
  • Punto de vista del contenido. Se declaran nulos los preceptos afectados, no habiendo formado nunca parte del ordenamiento jurídico.
  • Tiene efecto de cosa juzgada, por lo que no hay recurso en el ámbito interno.

Naturaleza del Tribunal Constitucional.

Naturaleza del Tribunal Constitucional

Es un órgano creado por la Constitución Española y de ella recibe sus atribuciones. La CE es la encargada de determinar su composición, organización, funcionamiento y competencias.

Es un órgano constitucional de carácter jurisdiccional. No forma parte del Poder Judicial, pero su naturaleza no es política. Pruebas de que realiza función jurisdiccional es que recibe nombre de Tribunal, sus miembros son magistrados y sus pronunciamientos siguen el modelo clásico de sentencias, autos y providencias. Las sentencias estás arropadas por fundamentos de Derecho y terminan con un fallo. Los autos gozan de fundamentación jurídica pero no tienen fallo y las providencias carecen de fundamentación jurídica y fallo.

Según el artículo 1 de la LOTC, el Alto Tribunal es el máximo intérprete de la CE.

 

Antecedentes históricos del Tribunal Constitucional

Antecedentes históricos del Tribunal Constitucional.

La institución del Tribunal Constitucional en Europa se inserta dentro del marco teórico de la Justicia constitucional que ideo el jurista austriaco Hans Kelsen en 1920. Se ajusta al modelo de justicia constitucional concentrada, que crea específicamente un tribunal como guardián de la Constitución austriaca de 1920. Partiendo de que la Constitución es la Norma Suprema del Estado y que el resto de normas se supeditan a ella, el sistema de Justicia constitucional se crea como un medio eficaz para arbitrar el control de la constitucionalidad de las leyes que emanan del Poder Legislativo.

La aparición de la Justicia constitucional hay que enmarcarla en la concepción que el TS acuño a principios del siglo XIX de la Constitución americana de 1787: “la Norma jurídica Suprema del Estado”. En concreto a la labor del juez Marshall, Presidente del TS americano, a la hora de resolver el caso Marbury vs Madison en 1803. El supuesto americano es un modelo de justicia constitucional difusa donde todos los jueces velan por la salvaguarda de la Constitución, teniendo la última palabra el TS.

El antecedente más próximo a nuestro TC es el Tribunal de Garantías Constitucionales reconocido en la CE de 1931. Nos ajustamos al modelo de Kelsen de justicia constitucional, creando un tribunal ad hoc, ajeno al Poder Judicial, encargado de velar por el cumplimiento de la CE como Norma jurídica Suprema.

La CE actual crea un TC y dedica el Título lX (159 a 165) a su regulación, que debe ser completada con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la LOPJ y con su Reglamento de funcionamiento interno.

La CE siguió los modelos italiano y alemán a la hora de configurar al Alto Tribunal.

El Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial.

Órgano constitucional creado para garantizar la independencia del Poder Judicial frente al resto de los poderes del Estado. Aparece regulado en el 122.2 CE donde se le define como órgano de gobierno de los jueces.

Se introduce en la CE por influencia de la Constitución italiana de 1947. El CGPJ se ocupa de todo lo referente a la selección, formación, nombramiento, ascenso, traslados y régimen disciplinario de los jueces. Sus competencias son:

  • Nombra a los miembros del TS.
  • Propone el nombramiento de dos magistrados del TC.
  • Se ocupa del régimen reglamentario de los jueces y magistrados y también selecciona a los secretarios judiciales.
  • Elabora y aprueba el anteproyecto de su presupuesto económico.
  • Elabora informes hacer de anteproyectos o proposiciones de ley que afecten a diferentes materias, entre ellas los derechos fundamentales. El Gobierno y las Cortes están obligados a solicitar dichos informes que no son vinculantes.

El 122.3 CE regula la composición del CGPJ. Está presidido por el Presidente del TS y se compone de 20 vocales más, que son nombrados por el Rey a propuesta de las Cortes, durante un periodo de 5 años. 12 vocales son elegidos entre jueces y magistrados y 8 entre juristas de reconocido prestigio y competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional.

Los órganos de funcionamiento son:

  • El Presidente.
  • El Pleno, sus funciones son los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
  • Comisión permanente formada por el Presidente y 4 vocales. Prepara las sesiones del Pleno y vela por la ejecución de los acuerdos.
  • Sección disciplinaria.
  • Sección de calificación.

 

Principios constitucionales que rigen el Poder Judicial.

Principios constitucionales que rigen el Poder Judicial.

La CE nos indica los principios que vertebran la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

1) Principio de independencia (171.1 CE):

El juez en la resolución de los casos sólo esta sometido a la ley y a la aplicación del derecho. Conforme a la doctrina de separación de Poderes, el Poder Judicial se configura como un poder independiente, incluso en un régimen parlamentario, donde existe una relación y coordinación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Esta independencia judicial necesita de tres subprincipios:

  • Independencia funcional. Los jueces y tribunales sólo están sometidos a la razón de la ley y no dependen en el desarrollo de sus funciones de ningún órgano superior del Estado.
  • Inamovilidad. No pueden ser separados de su cargo, suspendidos, trasladados ni jubilados, más que por causa legal y aplicando las garantías legales.
  • Incompatibilidad. Poseen un régimen estricto de incompatibilidades, que les prohíbe pertenecer a sindicatos o partidos políticos. Sólo pueden asociarse profesionalmente. Con esta medida se pretende dedicación exclusiva a la función jurisdiccional e independencia política.
  • Independencia política: Garantizada por la creación del CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces. Ni el parlamento ni el Gobierno deciden sobre el acceso, movilidad y disciplina de los jueces.
  • Independencia de selección: El sistema de acceso a la carrera judicial se lleva a cabo por régimen de oposición, legalmente regulado y donde los tribunales de oposición los conforman miembros de la carrera judicial.

Además los jueces que han aprobado están obligados a superar el curso de formación en la Escuela Judicial en Barcelona. Excepción, acceso por el “cuarto turno”, el candidato es elegido por sus méritos.

- Independencia económica: El Estado asigna un presupuesto oficial para el mantenimiento de la Justicia y los Jueces son funcionarios estatales.

 2) Principio de imparcialidad.

La función jurisdiccional se atribuye en exclusiva a los jueces y tribunales que desarrollan su labor en todo el territorio nacional. Esto conlleva que se excluyen las jurisdicciones que no tengan carácter estatal y que la jurisdicción sólo es ejercitada por el Poder Judicial.

3) Principio de unidad (117.5 CE):

Implica la existencia de una única organización judicial, que no es incompatible con la función jurisdiccional ejercida en diferentes áreas del ordenamiento jurídico (civil, penal, administrativo,…). La unidad esta asegurada por la prohibición de los Tribunales de excepción y en el 24 CE donde se declara el derecho subjetivo de todos los ciudadanos al juez ordinario predeterminado por ley. La CE permite una jurisdicción especial, la militar, si bien limitada al ámbito castrense. La Audiencia Nacional conoce de los casos de terrorismo producidos en cualquier parte del territorio español, y el TS es competente para conocer la responsabilidad criminal de los parlamentarios, el Presidente y sus Ministros.

Funciones del Gobierno

Funciones del Gobierno

Según lo dispuesto en el 97 CE, al Gobierno de la Nación le corresponde:

  • Dirección de la política interior:
  • Decide la disolución de la Cámaras y convocatoria de elecciones.
  •  Posee iniciativa legislativa, elabora proyectos de ley, dicta Decretos-Leyes y elabora los Presupuestos Generales del Estado.
  • Convoca referéndum consultivo.
  • Propone el nombramiento de dos miembros del TC y nombra al Fiscal General del Estado.
  • Inicia procesos constitucionales.
  • Es el supremo garante del interés general frente a las actuaciones ilegitimas de las CCAA.
  • Declara las situaciones excepcionales.

Dirección de la política exterior: Reconoce países, controla y dirige la política diplomática, firma tratados internacionales y se ocupa de la defensa exterior. Es una competencia que corresponde exclusivamente al Estado. La conclusión de Tratados Internacionales esta subordinado a la posterior aprobación del parlamento. Que ha de aprobar todos los tratados que impliquen la cesión de competencias constitucionales (93 CE), los que supongan una reforma de la Constitución (95 CE) o bien, todos los tratados enumerados en el 94 CE. En los demás casos, las Cortes sólo habrán de ser informadas.

Dirección de Defensa del Estado: Función reservada en exclusiva a la competencia estatal (141.1.3 CE) Exigen una correcta coordinación entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa.

Dirección de la administración Civil y Militar: Sirve para que el Gobierno ejerza todas las funciones que le atribuye la CE. Esta competencia no supone violar los principios de objetividad e imparcialidad con que debe actuar la Admon.

Función ejecutiva: Función tradicional del Gobierno. También ha tener en cuenta la labor ejecutiva de las CCAA y las corporaciones locales.

Potestad reglamentaria: Puede elaborar reglamentos sin la existencia de condiciones especiales, excepto el respeto a la ley y reserva de ley. Los reglamentos secundum legem ejecutan o desarrollan lo dispuesto en las leyes y los reglamentos praeter legem regulan una materia sin necesidad que exista una disposición legislativa. El Consejo de Ministros es competente para la elaboración de los Reglamentos de ejecución o aquellos que hagan referencia a la regulación de materias que vayan más haya de los límites de un departamento ministerial (Reales Decretos). Esta función puede ejercerse también por los Ministros (Orden Ministerial), el Presidente y el Vicepresidente.

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