Cuestión de Inconstitucionalidad

Cuestión de Inconstitucionalidad

La cuestión de inconstitucionalidad es otro instrumento utilizado para controlar la constitucionalidad de las leyes o normas con rango de ley. Es un recurso indirecto, se plantea ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de una ley, cuando se pretende aplicar la misma en un proceso judicial.

Requiere la existencia de un juicio previo ante un juez o un Tribunal.

El Juez en el transcurso de un juicio, se plantea la duda acerca de si una norma con rango de ley, que tiene que aplicar para resolver un caso, es constitucional o no, trasladando su duda al TC para que este despeje.

La imposibilidad del juez ordinario para inaplicar una ley o norma con rango de ley de la que presuma su inconstitucionalidad sólo rige para aquellas dictadas con posterioridad a la Constitución Española, pues una anterior puede inaplicarla si considera que es inconstitucional, pues se considera que esta derogada, no porque contradiga a una norma superior.

El órgano legitimado para interponer cuestión de inconstitucionalidad es el órgano judicial ordinario que conozca del proceso, bien de oficio o a instancia de parte. Si el órgano judicial se niega a interponer la cuestión de inconstitucionalidad, no es posible recurso, aunque si se puede volver a solicitarlo en posteriores instancias judiciales.

Los requisitos son:

  • Exista proceso judicial
  • La duda ha de ser aplicable al caso y relevante para el fallo.
  • El juez sólo podrá plantearla cuando haya de dictar resolución.

Procedimiento.

Se plantea por el órgano judicial mediante auto y una vez oídos las partes personadas y el Ministerio Fiscal. El TC revisa que se hayan cumplido los requisitos exigidos.

Finaliza con una decisión, que adopta la forma de providencia, por la que se admite a trámite o no la cuestión. La inadmisión puede estar fundada en: irrelevancia para el fallo, ausencia de requisitos formales o que la cuestión sea notoriamente infundada.

La inadmisión a trámite se realiza mediante auto y oído el Fiscal General del Estado. Si se admite, quienes sean parte en el proceso pueden personarse en el TC dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la admisión en el BOE para formular alegaciones en el plazo de otros 15 días. Finalmente, oídas las partes, el TC dicta sentencia, siendo esta notificada también al tribunal o juez, para que resuelva el proceso judicial y a los mismos que el recurso de inconstitucionalidad.

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